Alegan que guardia civil acusado de falsificar registro para robar tabaco «no está vinculado»

EUROPA PRESS

  • El representante legal del agente de la Guardia Civil D.R.V., de 59 años de edad, quien está acusado de falsificar una orden de registro con el objetivo de hacerse con el tabaco de contrabando que podía encontrar en un bar ubicado en el barrio de la Macarena de Sevilla capital, ha indicado que su cliente «no está vinculado» con estos hechos y que la Fiscalía «no tiene fundamentos» para realizar una acusación.

Sevilla.-Tribunales.- Piden cárcel a un guardia civil acusado de falsificar un registro para robar tabaco de contrabando

En la vista oral, celebrada este miércoles en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado defensor ha reclamado la libre absolución para el agente del Instituto Armado al entender que «no hay indicios» que le inculpen en esta causa.

Cabe apuntar que la Fiscalía, en la exposición de los hechos, indica que D.R.V., un guardia civil en servicio activo con destino a una Unidad Orgánica de Policía Judicial de un pueblo del Aljarafe sevillano, «habiendo tenido conocimiento» de que en un bar de la capital hispalense «podrían encontrar tabaco de contrabando y con el fin de hacerlo suyo» contacta con J.S.A., de 31 años de edad, para proceder «a elaborar un documento que aparentaba ser un mandamiento judicial de autorización de entrada y registro de dicho bar».

El Ministerio Público, tal y como continúa relatando en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, apunta que dicho documento «fue obtenido mediante reproducción fotomecánica realizada con tecnología láser, en el que procedieron a estampar un sello del juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla», que había sido escaneado de uno original obtenido por el acusado de una citación judicial «que le llegó en calidad de testigo y «que habían logrado trasplantar al documento elaborado» para lo cual utilizaron «un sello de la Guardia Civil», todo ello con «la intención» de dotarlo de mayor apariencia de ser un documento oficial.

Asimismo, la Fiscalía añade que en mayo de 2016, D.R.V., «valiéndose igualmente de su condición de Guardia Civil», adquirió en un establecimiento de venta de uniformes dos chalecos reflectantes y dos carteras porta placas, «todos ellos con el anagrama de la Guardia Civil».

Además, el Ministerio Público indica que tanto el mandamiento confeccionado por esos dos encausados como las placas y chalecos adquiridos, fueron entregados a otros dos individuos los cuales fueron al referido bar «donde tras identificarse como agentes de la Guardia Civil exhibiendo la cartera con la placa insignia», se propusieron a realizar un registro del local «con la intención de apoderarse del tabaco de contrabando que pudieran encontrar, no llegando a culminar su propósito ante la presencia de numerosos clientes en el local que los determinó a abandonar el lugar».

«PODRÍAN HABER SIDO OTRAS 30 PERSONAS»

Ante tales hechos, el representante de D.R.V., en la lectura de sus conclusiones finales ha asegurado que lo «único que está probado es que existe un auto falsificado», por un lado, y «unos chalecos y unos porta placas que son del agente de la Guardia Civil encausado», por otro.

En esta línea, el letrado ha señalado que, «como se ha indicado durante la vista oral», la citación judicial que fue utilizada para la falsificación estaba en un armario sin llave en unas dependencias del Instituto Armado por lo que «estaba a disposición de 25 o 30 personas» que podían haber sido los autores de esa falsificación.

Igualmente, el letrado ha censurado que el Ministerio Fiscal no ha acreditado que personas van a realizar esa supuesta estafa al bar y si esas personas están relacionadas con D.R.V. y J.S.A. y ni qué día van. «De hecho, se supone que el auto falsificado tiene una fecha posterior al día en el que se presupone que se produce ese intento de estafa en el bar, lo que nos deja con una situación de desfase temporal», ha alegado.

Asimismo, ha subrayado que el testigo que vio las placas de los que entraron al bar «ha dicho que fue tan rápido que no vio si eran placas falsificadas» y «si eran de la Policía Nacional o de la Guardia Civil».

Por todo ello, se ha preguntado que, ante estas circunstancias, «dónde está su participación en un intento estafa o en una usurpación de cargo público».

ENCUENTRO «FORTUITO»

Por otro lado, el abogado de J.S.A. también ha pedido la libre absolución de su representado, al alegar que en las declaraciones de ambos acusados «se indica que los chalecos y los porta placas son de D.R.V. y que quedaron en custodia de J.S.A. en un kiosco» porque al guardia civil se «le dejó olvidado». «Ni esos chalecos ni esos porta placas son de mi cliente ni éste los ha usado, por lo que no se le puede vincular a los hechos que señala la fiscal», ha abundado.

De igual modo, el letrado ha querido subrayar que J.S.A. no ha sido el auto de falsificar el documento en cuestión, toda vez que ha asegurado las fuerzas actuantes lo encontraron en una bolsa en el referido kiosco porque la mujer del acusado «lo puso ahí al encontrarse ese papel al barrer la acera de la calle», por lo que, «no existe prueba de cargo», ha reseñado

CAMBIO DE CALIFICACIÓN

De otra parte, la Fiscalía ha cambiado su escrito de calificación inicial y ha retirado los cargos contra un tercer acusado, M.A.E., al que inculpó de dirigirse al referido bar para, «tras identificarse como agentes de la Guardia Civil exhibiendo la cartera con la placa insignia», realizar un registro del local para hacerse con el tabaco.

En este sentido, la representante del Ministerio Público ha señalado que M.A.E. no ha sido «plenamente» reconocido por el dueño del bar tras dos ruedas de reconocimiento que «han resultado fallidas» por lo que retira su acusación contra él por un delito de usurpación de funciones públicas por el que le solicitaba una pena de dos años de prisión.

De igual modo, en la lectura de sus conclusiones finales, la fiscal ha cambiado la acusación contra el agente de la Guardia Civil. Inicialmente reclamaba para D.R.V. una pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de doce euros diarios durante un periodo de cuatro meses y la inhabilitación especial para el ejercicio de empleo público durante cuatro años por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, así como una pena de dos años de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas.

Sin embargo, ha considerado que al ser un documento judicial y no un documento de la Guardia Civil el que ha sido falsificado, «corresponde inculparle por un delito de falsedad en documento oficial cometido por un particular» y reclamarle dos años de prisión por ello. Además, le añade un nuevo delito de estafa en grado de tentativa por intentar hacerse con el tabaco del contrabando que podría haber en un bar por el cual pide una pena de cinco meses de cárcel.

Así, con este nueva calificación, la petición inicial de una pena de seis años y medio de prisión para D.R.V. pasa a ser una solicitud de cuatro años y cinco meses de prisión para este acusado.

Igualmente, la Fiscalía mantiene su petición de una pena de dos años de prisión por un delito de uso de documento falso por un particular así como otra pena de dos años de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas para J.S.A. si bien le suma un nuevo delito de estafa en grado de tentativa por el que le reclama una condena de cinco meses. En suma, el Ministerio Pública considera que se le debe imponer a este acusado una pena total de cuatro años y cinco meses.

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Author: EUROPA PRESS

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